En primer lugar, mejorando el acceso a la salud, sobre todo a la salud sexual y salud reproductiva de las personas con discapacidad, que a menudo son consideradas por la sociedad como asexuadas, son infantilizadas y sobreprotegidas, y no se las ve como potenciales parejas, madres o padres. Sin embargo, las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir y disfrutar de su sexualidad y con los apoyos necesarios para lograr su autonomía, tener y cuidar de sus hijos e hijas.

Para avanzar en el acceso a la salud de las personas con discapacidad: se fortalecerán las capacidades del sistema de salud para ofrecer servicios de salud accesibles e inclusivos, a través de capacitaciones a más de 400 integrantes de equipos de salud públicos y privados para atender a las personas con discapacidad conforme a sus derechos y necesidades. Se elaborarán materiales de información accesibles sobre salud sexual y reproductiva. Se impulsarán, junto con grupos de jóvenes, iniciativas para difundir conocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Se diseñarán y actualizarán protocolos y guías para que el personal de la salud pueda ofrecer una atención humanizada y en línea con los derechos humanos a las familias, por ejemplo al momento de comunicar condiciones asociadas a situaciones de discapacidad en diagnósticos prenatales y al nacimiento, y para que las familias puedan articular con asociaciones y redes de apoyo y contar con información oportuna.

En segundo lugar, el proyecto busca prevenir y atender las situaciones de violencia, en especial la violencia basada en género hacia las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad.

Para concretar este objetivo: se adaptarán los protocolos y guías para atender de manera accesible e inclusiva a las personas con discapacidad en el sistema de respuesta inter-institucional de atención a la violencia basada en género.

Se capacitaran al menos 300 integrantes de los equipos de respuesta inter-institucional para atender a las personas con discapacidad conforme a sus derechos y sus necesidades. Se proveerá información al personal de la salud, de la educación, del sistema de protección a la infancia y otras instituciones que contribuyen a la atención de personas con discapacidad para prevenir o derivar situaciones de violencia.

Se trabajará con organizaciones de la discapacidad y organizaciones feministas para incorporar el enfoque de género y el enfoque de discapacidad en sus respectivas agendas de acción colectiva.

Se producirán y difundirán materiales informativos accesibles para las personas con discapacidad sobre la prevención de la violencia basada en género.

En tercer lugar, el proyecto contribuirá a mejorar la información sobre el ámbito de la discapacidad, para diseñar políticas públicas inclusivas y para que las personas con discapacidad y sus familias conozcan y accedan a los servicios y las prestaciones disponibles en Uruguay.

Para lograr esto: se incorporará el enfoque de la discapacidad en los registros administrativos y fuentes de datos estadísticos sobre población en Uruguay, se capacitarán técnicos del Estado, organizaciones de la sociedad civil y academia sobre las metodologías internacionalmente reconocidas para relevamiento y valoración de la discapacidad; se creará un grupo de trabajo interinstitucional para la avanzar hacia un modelo de valoración única de la discapacidad en Uruguay; y se elaborará una guía accesible y amigable de todas las prestaciones que existen en Uruguay para las personas con discapacidad.

En todas estas áreas se realizarán acciones desde la propia sociedad civil para fortalecer al conjunto de organizaciones de personas con discapacidad y para empoderar a las personas con discapacidad sobre sus derechos.

En Uruguay, alrededor de 500.000 mujeres, hombres, niños, niñas, adultas y adultos mayores de diversas condiciones socio-económicas, niveles de instrucción, y ubicación geográfica, manifiestan tener alguna forma de discapacidad, entendida como dificultades permanentes para ver, caminar, oír, y/o comprender.

A su vez, cada una de estas personas vive, o tiene contacto, con un mínimo de dos integrantes de su familia o comunidad: esto significa que más de la mitad de la población uruguaya, o sea una cada dos personas, convive con situaciones de discapacidad.

Más allá de estas cifras, las personas con discapacidad permanecen casi invisibles en la sociedad. Existen barreras físicas en el entorno, en la comunicación, en la información, así como actitudes y prejuicios de la gente que limitan el acceso de las personas con discapacidad a aspectos fundamentales de su vida: la educación, la salud, el trabajo, el disfrute de actividades culturales, de la vida sexual y reproductiva, y de una vida libre de violencia, entre otros.

La discapacidad puede conllevar algunas limitaciones para la persona. Pero la discapacidad no está en la persona. Las barreras del entorno y sociales crean verdaderos muros de exclusión y discriminación que se vuelven más altos y más difíciles de derribar si se le suman otras desigualdades asociadas al género, a las situaciones de mayor vulnerabilidad en algunas etapas de la vida (como infancia, adolescencia, tercera edad) y a las condiciones socio-económicas de la persona con discapacidad y su familia.

¿Por qué un proyecto con estos énfasis?

Estas discriminaciones interseccionales son emblemáticas en el caso de muchas mujeres con discapacidad. Las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad viven proporcionalmente más abusos que las otras mujeres, siendo a menudo víctimas de violencia por tener discapacidad y por ser mujeres. Esto conduce a una vida de aislamiento y falta de autonomía que las expone a mayores situaciones de riesgo y menores posibilidades de encontrar redes de apoyo o estrategias de salida frente a la violencia, especialmente en los casos – mayoritarios – de violencia por parte de familiares o personas cuidadoras.

Por otro lado, los prejuicios y tabúes de la sociedad sobre la sexualidad de las mujeres con discapacidad (consideradas seres indefensos, asexuados, dependientes, incapaces de tomar decisiones, de cuidarse y de cuidar, y de alcanzar y llevar adelante la maternidad) puede desembocar en múltiples formas de violencia de género en cada etapa de la vida: desde una mayor exposición a riesgos de abusos sexuales, hasta la falta de intimidad y las limitaciones en la autonomía de decisión sobre la sexualidad y una maternidad libre y consensuada, quedando sujetas a decisiones de la familia o de las instituciones, que pueden llegar hasta actos muy graves, como la esterilización forzosa o sin consentimiento.

A su vez, existen aún barreras físicas, de comunicación y de actitud en las instituciones y en los mecanismos para que las mujeres con discapacidad puedan denunciar las situaciones de violencia, lo cual dificulta aún más la prevención y la respuesta.

Por todo ello, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad realizadas en 2016 al Estado uruguayo, constataron la existencia de múltiples discriminaciones, y le solicitaron garantizar los derechos a la igualdad y no discriminación para las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todas las personas.

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) que Uruguay ratificó en 2008, ha impulsado en la última década un avance significativo para el reconocimiento, la difusión y protección de los derechos de las personas con discapacidad en Uruguay y en el mundo.

La Convención representa el estándar que las políticas, las normas y las prestaciones de cada país deben respetar para lograr la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad, para que puedan vivir y participar en la sociedad con igualdad y sin discriminación, respetando su dignidad, autonomía y diversidad. Uruguay tiene un importante camino recorrido en materia de atención a la discapacidad.

Existen diversas prestaciones, programas y servicios para mejorar la calidad de vida de este colectivo y sus familias. Sin embargo, persisten todavía desafíos y barreras del entorno para que las personas con discapacidad puedan gozar de las mismas oportunidades y derechos que el resto de la población de nuestro país y ser puestas en condiciones de compartir su valor y capacidades de seres activos, productivos y visibles en la sociedad.

Para resolver algunas de las principales barreras que afectan a la población en situación de discapacidad en Uruguay, teniendo en cuenta las múltiples intersecciones existentes, el proyecto cuenta con una variedad de actores que trabajan conjuntamente apuntando a transversalizar la temática de la discapacidad en las políticas públicas:

Naciones Unidas, que a través de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, apoyadas por la Oficina de la Coordinadora Residente en Uruguay, brindan respaldo técnico y apoyo a la implementación;

Actores del Estado, específicamente la Administración de los Servicios de Salud del Estado – ASSE; la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI); el Banco de Previsión Social – BPS; el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) con el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); el Instituto Nacional de Estadística (INE); y Ministerio de Salud Pública (MSP) que contribuyen al diseño, implementación y sostenibilidad de las acciones;

Sociedad Civil, que a través de la Alianza de Organizaciones de Derechos de las Personas con Discapacidad, vehiculiza la representación y la participación activa de las personas con discapacidad en el proyecto.

El proyecto tiene un alcance nacional, para poder avanzar en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad en todo el país, atendiendo la diversidad de contextos y las necesidades de los diversos grupos de personas con discapacidad. Varias acciones del proyecto se realizarán a nivel local en el interior del país, colaborando con instituciones e organizaciones locales según el contexto.

Las personas con discapacidad participan en el proyecto principalmente de tres maneras: como profesionales que integran los equipos técnicos en el marco del proyecto;

interactuando en espacios de intercambio o mesas de diálogo para que las acciones que se realicen puedan nutrirse de sus experiencias y dar respuesta a sus necesidades; y a través de acciones de fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad de la sociedad civil. Además, teniendo en cuenta la heterogeneidad de la discapacidad, el proyecto intenta dar espacio también a las personas con discapacidad que tienen un mayor riesgo de encontrarse en situación de vulnerabilidad, discriminación o violencia, como las personas con discapacidad intelectual, sobre todo mujeres y niñas, y las personas que viven en instituciones.